El arriendo en Colombia experimentará un aumento del 9.28% en 2024, sumándose a los incrementos salariales y generales en los precios de productos. Este porcentaje se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2023, expuesto por el DANE.
¿Qué permite la Ley y cómo se aplica el aumento?
El 9.28% representa el tope máximo de aumento permitido por la Ley 820 del 2003, que regula el arriendo en Colombia. Esta ley también concede libertad al propietario para realizar aumentos menores al IPC del año anterior. La aplicación del aumento solo es válida al renovar el contrato o después de 12 meses desde el último incremento.
¿Cómo se aplica el aumento?
La ley establece dos modalidades de aumento dependiendo de la fecha de firma del contrato. Contratos anteriores al 10 de julio de 2003 siguen la meta inflacionaria del Banco de la República (3% para el 2023), mientras que los posteriores se incrementan según el IPC del año anterior.
- Ejemplo de los contratos anteriores al 10 de julio de 2003 siguen la meta inflacionaria del Banco de la República (3% para el 2023):
Si el valor del canon de arrendamiento es de $1.500.000 y el contrato se renueva en mayo del 2023, el aumento sería de $45.000 con un valor total a pagar de $1.545.000
- Ejemplo de los contratos de arrendamiento que se firmaron después del 10 de julio del 2003, cuyo incremento es el IPC del año anterior, en este caso, 2023:
Si el canon de arrendamiento es de $1.800.000 y el contrato se renueva en junio del 2023, el valor del aumento es de $167.040, para un total de $1.967.040, con el IPC del 9.28%.
Otros puntos importantes según la Ley 820 del 2003:
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- El arrendador debe realizar un preaviso de 3 meses al terminar el contrato. Penalidades aplican si se desea finalizar antes.
- El canon de arrendamiento no debe exceder el 1% del valor del inmueble.
- El contrato debe estipular la fecha anual de renovación y aplicación del aumento.
- El contrato puede terminarse unilateralmente si el arrendatario tiene mora, no paga servicios, subarrienda, o realiza cambios no autorizados. Igualmente, el arrendador puede dar por terminado si suspende servicios o incumple pagos según el contrato.
