En medio de la polémica que ha ocasionado la fractura del diálogo de paz entre el Gobierno Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente después de que se confirmara que este grupo tiene secuestrado al padre de Luis Díaz, Francisco Barbosa propuso que el futuro de las mesas de negociaciones estuviera en manos de los colombianos.
En medio de su discurso durante el encuentro entre gobernadores salientes y entrantes, este miércoles, 8 de noviembre, Francisco Barbosa aseguró que el Gobierno «no se ha puesto la camiseta de la institucionalidad» sino que, por el contrario, se puso la de los presos de La Picota, asegurando así que el mandatario buscaría beneficiar a los «mafiosos» por encima de los demás.
“El último año ha sido complejo porque la institucionalidad no ha sido defendida desde el Ejecutivo. Ha sido torpedeada porque ha existido una corriente para buscarle beneficios a los mafiosos”, afirmó el Fiscal General.
Así mismo, el funcionario hizo referencia a la petición de Petro, de que se lleve a cabo un plebiscito para definir si el Metro de Bogotá debe ser aéreo o subterráneo, señalando que este instrumento democrático debería servir para que los colombianos decidan si quieren continuar en un proceso de paz con los distintos grupos al margen de la ley.
“Ya que está de moda de plebiscitos deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupo delincuencial, esa propuesta no importa porque caen oídos sordos del actual gobierno, porque seguramente serán los colombianos los que la respondan en algunos años”, explicó el fiscal Francisco Barbosa.
Barbosa advirtió que los grupos criminales, de todo orden, ELN, Clan del Golfo y disidencias, se “parapetaron” en un concepto de paz que no tiene reglas de juego, ni resultados concretos, del que se burlan todo el tiempo y con el que el Gobierno ha logrado provocar terror entre la población.
En este sentido, señaló que no todo vale en medio de las mesas de negociación y la búsqueda de los acuerdos, y dado que los incumplimientos de estos grupos perjudican directamente a la ciudadanía, debe ser el pueblo colombiano quien tenga voz y voto en el desarrollo de estas negociaciones.
